En la discusión pública sobre la impartición de justicia en México, el análisis suele concentrarse en tribunales, ministerios públicos, reformas legales y criterios jurisdiccionales. No obstante, existe un componente esencial del sistema que continúa siendo relegado en el diseño institucional y en la política pública: la policía y sus condiciones laborales.
El magistrado Miguel Leetch ha planteado recientemente que la dignidad laboral de las y los policías no es un tema secundario ni meramente administrativo, sino un asunto estructural que impacta de manera directa en la eficacia, legitimidad y credibilidad del sistema de justicia.
El punto de partida de la justicia
La función policial constituye el primer contacto formal entre el Estado y la ciudadanía frente a un hecho posiblemente delictivo. De la actuación del primer respondiente depende, en gran medida, la legalidad de una detención, la correcta preservación de indicios y la viabilidad de un proceso penal posterior. Cuando esta labor se realiza bajo condiciones precarias, el riesgo de errores procesales se incrementa de forma significativa.
A pesar de la relevancia de su función, amplios sectores policiales operan en contextos laborales caracterizados por salarios insuficientes, jornadas prolongadas, capacitación limitada, carencias en seguridad social y una exposición permanente a riesgos físicos y jurídicos. Esta contradicción —exigir altos estándares profesionales sin garantizar condiciones dignas— genera tensiones que afectan no solo al personal policial, sino al sistema de justicia en su conjunto.
Precariedad y fallas estructurales
Desde la perspectiva judicial, múltiples deficiencias que se manifiestan en los tribunales tienen su origen en la primera etapa de la intervención estatal. Detenciones ilegales, integración deficiente de carpetas de investigación y violaciones a derechos fundamentales suelen estar vinculadas a contextos de precariedad institucional, falta de formación continua y ausencia de respaldo normativo para quienes desempeñan labores policiales.
En este sentido, la dignidad laboral no debe entenderse como un privilegio, sino como una condición mínima para garantizar actuaciones profesionales, imparciales y apegadas a la legalidad. Un policía que cuenta con estabilidad, capacitación adecuada y protección institucional es menos vulnerable a prácticas indebidas y contribuye de manera más sólida a la procuración de justicia.
Más allá de la función coercitiva
El marco constitucional vigente asigna a la policía un papel que trasciende la aplicación de la fuerza. Su actuación implica la protección de víctimas, el respeto a la presunción de inocencia, la observancia de principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como la salvaguarda de derechos humanos. Esta responsabilidad requiere no solo control y supervisión, sino también reconocimiento jurídico, social y material.
Ignorar esta realidad perpetúa una narrativa incompleta que debilita la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.
Una reforma pendiente
Para el magistrado Leetch, cualquier intento de fortalecer el sistema de justicia será insuficiente si no se acompaña de una transformación profunda en las condiciones laborales, formativas y humanas del personal policial. La dignificación del trabajo policial no implica tolerancia frente a abusos, sino el fortalecimiento del Estado de Derecho desde su origen.
La justicia no comienza con la emisión de una sentencia, sino con la primera intervención del Estado ante un conflicto. Mientras esa intervención se sostenga sobre esquemas laborales precarios, la legitimidad del sistema seguirá en entredicho. Atender esta deuda pendiente constituye un acto de coherencia institucional y una condición indispensable para una justicia verdaderamente efectiva.